Toda la estructura de la comunicación científica orbita alrededor de una pregunta aparentemente simple: ¿cómo validamos el conocimiento? Los indexadores la formulan cuando evalúan si una revista cumple con criterios de calidad. Los investigadores la enfrentan cuando diseñan un estudio y eligen dónde publicar sus resultados. Las instituciones la traducen en políticas de evaluación, en requisitos de acreditación, en indicadores bibliométricos.
Es una pregunta legítima, necesaria, y sobre la que hay un debate maduro. Pero es también una pregunta incompleta, porque casi siempre se formula mirando hacia adelante —hacia el producto final, la revista indexada, el artículo con DOI— y casi nunca mirando hacia abajo, hacia la infraestructura sobre la que ese conocimiento se produce, se edita y se distribuye.
En los últimos años ha crecido una corriente, a mi juicio muy válida, que reclama independencia tecnológica para las editoriales científicas. Se discute la concentración del sistema de identificadores persistentes, la dependencia de plataformas comerciales para la gestión editorial, la asimetría entre el Norte y el Sur Global en el acceso a infraestructura de publicación. Son discusiones necesarias. Pero hay un territorio que esas mismas voces dejan sistemáticamente fuera del debate: las herramientas con las que se produce el contenido. Dicho de otro modo:
se discute quién controla el DOI que identifica un artículo, pero no quién controla el software con el que ese artículo se escribe, se corrige, se diagrama y se convierte en publicación.
La capa histórica: cómo llegamos hasta acá
La bifurcación de los noventa
Para entender por qué esta ceguera existe, hay que volver a una decisión que el mundo editorial tomó, en su mayoría sin advertirlo, entre finales de los ochenta y principios de los noventa.
La llegada del Desktop Publishing (DTP) transformó radicalmente la producción editorial. PageMaker primero, QuarkXPress después, y finalmente InDesign, pusieron en manos de diseñadores y editores la capacidad de componer páginas en pantalla con resultado visual inmediato. El paradigma WYSIWYG (What You See Is What You Get) democratizó el acceso a la producción gráfica y editorial, y eso fue genuinamente valioso: editoriales que antes dependían de talleres de composición tipográfica podían ahora producir internamente.
Pero esa democratización tuvo un costo que no se supo medir en ese momento: instaló la premisa de que producir una publicación era esencialmente un problema visual. Si la página se veía bien en pantalla, el trabajo estaba hecho. Y bajo esa premisa, todo lo que no fuera visual —la lógica de procesos, la estructura del contenido y la automatización— dejó de ser relevante y no formó parte del flujo de producción.
Como consecuencia directa, los programadores y los técnicos con pensamiento sistémico quedaron fuera del ecosistema editorial. No porque sus habilidades fueran inútiles, sino porque el modelo visual prometía que no hacían falta. Cualquiera con el software adecuado podía hacer un libro o una revista. Y era cierto en un sentido inmediato —se podía producir un objeto visual aceptable— pero falso en un sentido estratégico: se podía componer una página, pero no se tenía control estructural sobre el contenido.
Los grandes sí lo vieron
Aquí aparece una paradoja que resulta central para entender el presente. Mientras la pequeña y mediana editorial adoptaba el DTP como paradigma único, los grandes actores del mundo editorial siguieron un camino completamente distinto.
Los diarios entendieron tempranamente que necesitaban sistemas de gestión de contenidos, flujos automatizados, separación entre contenido y presentación y operar con bases de datos, porque su escala exigía publicar en múltiples soportes a velocidad industrial. Elsevier y las grandes editoriales científicas adoptaron primero SGML —y luego XML— como base de sus flujos de producción. Construyeron infraestructura informática no como soporte administrativo, sino como arquitectura central de su modelo de negocio.
Esa bifurcación de los noventa produjo una asimetría que creció aún más con el tiempo y persiste hasta hoy: los grandes actores tienen infraestructura tecnológica propia y sofisticada, mientras que la editorial universitaria, la revista científica independiente, el sello académico público, heredaron el modelo visual y nunca salieron de él. Se mueven entre Word, PageMaker, QuarkXPress e InDesign, siempre dentro del mismo paradigma: el contenido es inseparable de su presentación visual, y el proceso editorial se limita a una cadena de intervenciones manuales sobre archivos individuales.
La dependencia actual de Microsoft Word y Windows (y podríamos agregar InDesign) en las editoriales científicas pequeñas y medianas no nació de una evaluación tecnológica consciente. Es la herencia directa de un modelo productivo adoptado hace tres décadas que nunca fue revisado ni cuestionado.
La capa del presente: lo que no se discute
La asimetría del debate
El movimiento por la independencia tecnológica en la edición científica ha puesto sobre la mesa temas importantes: la gobernanza de los identificadores persistentes, el costo de participar en sistemas como Crossref, la dependencia de plataformas comerciales para la gestión editorial. Y tiene razón en plantearlos.
Pero la asimetría del debate es notable. Se cuestiona con rigor quién administra los DOI y se proponen alternativas. Se discute el poder de los grandes sellos editoriales sobre el flujo de la comunicación científica. Se exige acceso abierto como principio. Y mientras tanto, la inmensa mayoría de quienes participan en estas discusiones producen su trabajo en Microsoft Word, sobre Microsoft Windows, usando formatos privativos como estándar de facto para la recepción de manuscritos, la revisión por pares y la producción editorial. Y por eso, nadie se inmuta.
La dependencia invisible
El combo Windows + Office genera un tipo de dependencia más profunda y más costosa que la del DOI, porque afecta el proceso diario de trabajo, no solo un identificador al final de la cadena. Pensemos en lo que implica: el formato .docx como estándar de facto para recibir manuscritos, las macros como herramienta de marcado, el flujo de revisión basado en Track Changes, las plantillas que definen estilos tipográficos. Todo eso constituye un lock-in que atraviesa toda la cadena de producción. ¿Por qué no se lo percibe como dependencia? Hay tres razones que operan simultáneamente.
La primera es la naturalización. Windows y Office están tan integrados en la práctica cotidiana que dejaron de percibirse como una elección tecnológica. Son el ambiente, no una herramienta. El DOI, en cambio, es un artefacto visible, tiene un costo real explícito en una factura, y eso lo hace cuestionable. Nadie discute el aire que respira.
La segunda es la confusión entre dependencia como elección y dependencia como condición. Cuando alguien paga una cuota anual a Crossref, recibe una factura que materializa la dependencia. Es un acto discreto, identificable, cuestionable. Pero cuando alguien abre Word todas las mañanas, no hay factura visible en ese gesto. La licencia se pagó antes, o la paga la institución, o directamente se usa una copia no autorizada. El costo se diluye, se vuelve ambiental. Y lo ambiental no se cuestiona porque no se percibe como decisión.
La tercera es un límite epistémico que la propia herramienta produce. En filosofía de la tecnología se ha trabajado extensamente la idea de que las herramientas que usamos configuran lo que podemos pensar. No es lo mismo concebir un flujo editorial dentro de Word —lineal, basado en un documento único, dependiente de intervenciones manuales— que concebirlo en Markdown o XML —modular, con separación entre contenido y presentación, orientado a múltiples salidas—. La herramienta no es neutra: define el horizonte de lo posible. Y si nunca se sale de Word, el horizonte de lo posible en producción editorial es el que Word permite. No es negligencia; es un límite que el propio entorno tecnológico produce.
La externalización del problema
Hay un patrón recurrente en cómo se estructura la crítica: se identifica una dependencia (Crossref, DataCite, los grandes sellos editoriales) como algo que nos hacen, como una imposición que viene de afuera, y se la denuncia legítimamente. Pero al mismo tiempo, la dependencia que uno mismo sostiene con sus prácticas diarias no se percibe como dependencia sino como normalidad. El problema siempre está en el otro. La autocrítica se detiene exactamente donde empieza la incomodidad de revisar lo propio.
Y hay un factor que amplifica esta dinámica: la economía de prestigio en la crítica tecnológica. Cuestionar el DOI o la hegemonía de Elsevier es, en los circuitos académicos, una posición que otorga capital simbólico. Te posiciona como alguien crítico, consciente de las asimetrías del sistema. Cuestionar el uso de Windows y Office, en cambio, te convierte en el nerd que complica las cosas, en alguien impráctico que no entiende que la gente necesita trabajar. Hay objetos de crítica que el campo recompensa y otros que penaliza, y ese filtro determina qué dependencias se discuten y cuáles no.
La responsabilidad institucional
Hasta aquí se podría argumentar que la responsabilidad es difusa, que nadie tiene la culpa individualmente. Y con el investigador individual uno puede ser tolerante: tiene plazos, presiones de publicación, un ecosistema que le impone formatos, y su tarea principal no es evaluar herramientas sino producir conocimiento.
Pero la institución es otra cosa. La universidad pública, el consejo nacional de ciencia, la editorial universitaria, tienen como función explícita definir políticas, asignar recursos, establecer estándares. Cuando una de estas instituciones firma un acuerdo de licenciamiento masivo con Microsoft, no está tomando una decisión operativa menor: está definiendo infraestructura. Está diciendo: este es el ecosistema en el que vamos a producir conocimiento. Y esa decisión tiene consecuencias que rara vez se explicitan.
Está transfiriendo recursos públicos a una corporación extranjera para sostener una dependencia que no genera capacidad local. Esa inversión no financia desarrollo de software propio, no forma técnicos locales en tecnologías abiertas, no genera conocimiento transferible. Los recursos se van y no vuelven.
Está formando a generaciones enteras de investigadores y editores en un ecosistema cerrado. El estudiante que aprende a escribir en Word, a presentar en PowerPoint y a manejar datos en Excel sale de la universidad sin saber que existen alternativas. Y reproduce ese ciclo cuando llega a un cargo de gestión. La institución no solo usa software privativo: lo enseña, lo normaliza, lo convierte en competencia profesional exigida.
Y está tomando una decisión de soberanía tecnológica sin reconocerla como tal. Porque si le preguntamos a un rector o a un director de una editorial universitaria si le preocupa la soberanía tecnológica, lo más seguro es que diga: —sí, por supuesto— y nos va a hablar de acceso abierto, de repositorios institucionales, de no depender de Elsevier. Pero la soberanía sobre las herramientas con las que se produce el conocimiento que luego se quiere liberar no entra en la conversación.
La contradicción es flagrante: muchas de estas instituciones tienen políticas explícitas de acceso abierto, promueven el software libre en sus discursos, incluso tienen carreras de informática donde se enseña Linux. Pero sus editoriales y sus sistemas de gestión corren sobre infraestructura privativa. La política declarada y la práctica operativa van en direcciones opuestas, y nadie parece (o quiere) hacerse cargo de la incoherencia.
Hay una distinción útil para nombrar esto: la diferencia entre soberanía declarativa y soberanía operativa. La declarativa es la que aparece en los documentos de política científica, en los discursos, en los principios institucionales. La operativa es lo que efectivamente corre en los servidores, en las computadoras del personal, en los flujos de producción. Y entre una y otra hay un abismo que nadie audita.
La institución tiene algo que el individuo no tiene: poder de negociación y capacidad de migración planificada. Un investigador solo no puede cambiar el ecosistema. Pero una universidad que decide migrar su editorial a flujos basados en estándares abiertos, que capacita a su personal, que exige formatos no privativos en sus convocatorias, esa institución sí puede modificar las condiciones. Si no lo hace, no es por imposibilidad. Es por omisión. Y la omisión institucional es una decisión política.
La capa del futuro: lo que ya existe
No hay que inventar nada
El argumento más frecuente para no cambiar es que no hay alternativas maduras. Es falso.
Markdown lleva más de veinte años como formato de escritura. LaTeX lleva más de cuarenta siendo el estándar de composición en disciplinas enteras. Pandoc permite convertir entre decenas de formatos sin depender de ninguna suite privativa. XML-JATS es el estándar que la propia industria editorial científica definió para el intercambio estructurado de artículos. OJS gestiona más de cuarenta mil revistas científicas en el mundo. LibreOffice es funcional para quien necesite un procesador visual. Linux sostiene la mayor parte de la infraestructura de internet, incluidos los servidores donde corren los repositorios institucionales que las propias universidades promueven.
No se trata de exigir que todo el mundo aprenda a usar una terminal. Se trata de reconocer que hay un ecosistema completo, probado y libre que puede sostener toda la cadena editorial, desde la recepción del manuscrito hasta la publicación final en múltiples formatos. Decidir no usarlo es una toma de posición, no una fatalidad.
Lo que se necesita es voluntad, no tecnología
La migración no es trivial ni instantánea, y sería deshonesto presentarla así. Requiere capacitación, acompañamiento, y que alguien dentro de la institución asuma el costo político de cambiar lo que siempre funcionó. Requiere también algo que suele faltar: que los defensores del software libre en la academia dejen de hablarle solo a los convencidos y empiecen a construir puentes hacia los equipos editoriales reales, con sus limitaciones reales (que existen) y sus necesidades concretas.
Pero nada de eso cambia el punto central: las herramientas existen, están disponibles, son gratuitas en su mayoría, mantenidas por comunidades activas. Lo que falta no es tecnología. Lo que falta es que la conversación sobre soberanía tecnológica en la edición científica deje de detenerse en el DOI y llegue hasta las herramientas de producción.
Completar la pregunta
Volvamos al inicio. La pregunta que organiza la comunicación científica es cómo validamos el conocimiento. Es la pregunta de los indexadores, de los investigadores, de las instituciones. Y es una buena pregunta.
Pero necesita completarse: ¿con qué herramientas producimos, editamos y distribuimos ese conocimiento, y quién controla esas herramientas?
Mientras esa segunda pregunta no forme parte del debate sobre soberanía tecnológica, la independencia que se reclama será parcial. Se habrá ganado autonomía sobre la etiqueta que identifica los artículos, pero se habrá entregado el control total sobre la fábrica donde se produce.
La independencia tecnológica no se consigue solamente cambiando quién administra los identificadores de las publicaciones. Se consigue cuando el conocimiento se produce, se edita y se distribuye con herramientas que no le pertenecen a nadie, porque le pertenecen a todos.
